El gobierno de Argentina, encabezado por el presidente Javier Milei, ha dado un giro importante en la política de seguridad nacional al ampliar las acciones de las fuerzas armadas para incluir tareas de seguridad interna. Este cambio, implementado a través de dos decretos presidenciales, redefine el alcance de la Ley de Defensa Nacional de 1988, originalmente destinada a limitar la intervención militar en los asuntos internos después de la dictadura militar (1976-1983).
La Ley de Defensa Nacional, aprobada durante el gobierno de Raúl Alfonsín, estipulaba que las fuerzas armadas sólo podían intervenir en conflictos relacionados con agresiones externas para garantizar la soberanía e independencia del país. Durante las presidencias de Néstor Kirchner y Alberto Fernández, el marco legal se ajustó para fortalecer esta separación entre defensa nacional y seguridad interior. Sin embargo, los decretos firmados por Milei y sus ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri, cambian radicalmente este enfoque, permitiendo una mayor participación militar en los asuntos internos.
Redefinición de objetivos estratégicos
El primero de los decretos establece una nueva definición de ‘objetivos de valor estratégico’. Según la normativa, esto incluye cualquier bien, instalación o infraestructura cuya destrucción parcial o total pueda causar daños graves al bienestar de la población, la economía, el medio ambiente o la seguridad nacional. A diferencia del pasado, donde el Congreso tenía que determinar cuál era un objetivo estratégico, ahora el poder ejecutivo tiene la exclusividad para definirlo, sin necesidad de consulta legislativa.
Además, el decreto permite a la Secretaría de Seguridad solicitar la cooperación de las fuerzas armadas junto con la policía federal y las fuerzas de seguridad para proteger estos objetivos, eliminando restricciones anteriores que limitaban esta cooperación.
Ampliación del alcance de la acción militar.
El segundo decreto amplía las capacidades operativas de las fuerzas armadas y se justifica en las “nuevas formas de conflicto” derivadas de la evolución tecnológica. Ahora las fuerzas armadas podrán actuar en el ciberespacio, el espectro electromagnético y el espacio exterior, además de amenazas de organizaciones terroristas, organizaciones transnacionales o actores paraestatales extranjeros, que antes no eran considerados agresores externos según la ley.
Asimismo, se habilita a las fuerzas armadas para complementar la labor de las fuerzas de seguridad en las fronteras participando en actividades de entrenamiento operativo, apoyo logístico y asistencia en caso de emergencias o desastres naturales.
Justificaciones del gobierno
El gobierno de Milei sostiene que los cambios eran necesarios para corregir lo que llaman un “sesgo ideológico” en las disposiciones anteriores de la Ley de Defensa, que fueron implementadas por Néstor Kirchner en 2006. Según el gobierno actual, ese enfoque limitó la capacidad del Estado para protegerlo. intereses vitales de la nación.
En redes sociales, el ministro de Defensa, Luis Petri, defendió la medida diciendo: “Defender lo estratégico es defender a los buenos argentinos. Donde haya recursos y futuro, no habrá lugar para mafias ni gente corrupta”. Por su parte, Patricia Bullrich destacó la necesidad de fortalecer la cooperación interinstitucional para enfrentar los desafíos de seguridad contemporáneos.
Críticas y preocupaciones
La decisión ha provocado críticas generalizadas por parte de organizaciones sociales y de derechos humanos, que ven estas disposiciones como un avance hacia la militarización de la seguridad interna. Manuel Trufó, director de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales (CELS), señaló que no existe una situación real de terrorismo o crimen organizado que justifique esta ampliación de la acción militar.
Trufó también expresó preocupación por la inclusión de la infraestructura económica en la categoría de “objetivos de valor estratégico”. Según el experto, esto podría usarse para justificar la represión de protestas sociales o bloqueos relacionados con reivindicaciones territoriales, especialmente de comunidades indígenas. “Este es un gobierno que ha caracterizado a los manifestantes como terroristas y ha adoptado una postura firme contra los bloqueos como herramienta de protesta. “Esto podría ser una señal de que quieren criminalizar aún más estas manifestaciones”, advirtió.
Contexto y signos de cambio
La ampliación del papel de las fuerzas armadas es sólo una de las muchas señales de un cambio de paradigma en la política de defensa y seguridad bajo el gobierno de Milei. En 2024, el presupuesto de defensa aumentó significativamente, se reanudaron los desfiles militares y se publicó un controvertido vídeo el Día del Recuerdo, en conmemoración de las víctimas de la última dictadura militar.
Estos cambios han sido interpretados por algunos analistas como un intento de redefinir el papel de las fuerzas armadas en el país, devolviéndoles protagonismo en áreas tradicionalmente reservadas a las fuerzas de seguridad.
Un debate abierto
Mientras el gobierno defiende la medida como una respuesta necesaria a las «nuevas amenazas» que enfrenta Argentina, críticos y organizaciones sociales advierten sobre los riesgos de erosionar la línea entre defensa nacional y seguridad interna, separación que fue crucial para la transición democrática del país.
El debate sobre el alcance de la participación militar en los asuntos internos promete intensificarse en los próximos meses, especialmente en el contexto de un entorno político polarizado y en el período previo a las elecciones parlamentarias. Para algunos, esta decisión representa un avance estratégico frente a los desafíos modernos; Para otros, es un revés que pone en peligro los derechos fundamentales y los principios democráticos.
