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Las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) han respondido a un proyecto de ley que pretende establecer un registro público de personas condenadas por delitos sexuales, trata de personas y turismo sexual. Este proyecto fue discutido por la Comisión de Seguridad y Narcóticos de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa, presentada por la actual Representante Independiente Gloria Navas, tiene como objetivo principal garantizar la seguridad y el bienestar de niños y adolescentes, y busca prevenir el contacto de estas poblaciones vulnerables con personas con antecedentes de delitos sexuales, especialmente aquellos que involucran personas jóvenes están involucradas.
La propuesta se basa en la premisa de que, dada la naturaleza de los agresores sexuales, la probabilidad de reincidencia en este tipo de delitos es alta. Por lo tanto, el registro propuesto serviría para brindar alertas preventivas a nivel nacional sobre la presencia de personas con antecedentes de delitos sexuales.
Además, la inclusión inmediata del poder judicial, el Fideicomiso Nacional de la Infancia (PANI), el sistema de emergencias 9-1-1, los municipios, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y otras instituciones públicas y privadas en este registro. Asimismo, se considera la participación de instituciones educativas y de salud, con el objetivo de fortalecer la protección de la población en general.
Rosa María Jiménez, responsable del departamento especializado en violencia de género y trata de personas del OIJ, ha subrayado la importancia de abordar este problema debido a la alarmante reincidencia en los casos de abuso sexual, incluso en el ámbito familiar. Jiménez destaca que muchos casos de reincidencia en delitos sexuales lamentablemente derivan en feminicidios.
Para prevenir estos delitos, el OIJ implementa planes y operativos internos que monitorean periódicamente a personas condenadas por delitos similares. Establecer un registro permitiría al OIJ monitorear de manera más efectiva a los infractores, siguiendo prácticas comunes en otros países.
Óscar Valverde, director de la Fundación Paniamor, presente en la audiencia, señaló la importancia de definir claramente el proceso de seguimiento de este registro público. Señala la necesidad de establecer un período mínimo de seguimiento, que puede oscilar entre 5 y 15 años, pero subraya que incluso después de este período, no se debe excluir por completo la evaluación del riesgo de un individuo.
En resumen, la propuesta de crear un registro público de condenados por delitos sexuales en Costa Rica tiene como objetivo proteger a la población, y especialmente a los grupos más vulnerables, de personas con antecedentes penales en este campo. Esta medida, si se aplica correctamente, podría contribuir significativamente a la prevención del delito y a la seguridad de la sociedad en su conjunto.
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