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Los miembros del Comité de Seguridad y Antinarcóticos han propuesto una reforma legal destinada a criminalizar a quienes intenten introducir dispositivos de comunicación en las cárceles.
Esta iniciativa tiene como objetivo combatir la actividad delictiva en las cárceles imponiendo cargos penales a quienes introducen ilegalmente equipos de comunicaciones.
Según datos de la Dirección de Ajuste Social, de octubre a diciembre de 2023 policías penitenciarios incautaron 784 teléfonos móviles y 563 chips internacionales de varios países como Honduras, Nicaragua, Panamá, Guatemala, El Salvador, Colombia y Estados Unidos. Estados Unidos.
La nueva legislación propuesta tiene como objetivo impedir la introducción ilegal en las cárceles de teléfonos móviles, teléfonos satelitales u otros dispositivos tecnológicos con el fin de establecer comunicaciones con el exterior, así como tarjetas SIM, enrutadores, adaptadores de red, cargadores o cables.
La reforma al Código Penal establece que quienes sean declarados culpables de introducir ilegalmente dispositivos de comunicación en centros penitenciarios podrán enfrentarse a una pena de prisión de dos a cuatro años, si no cuentan con la autorización legal correspondiente.
Para funcionarios gubernamentales, proveedores de servicios o productos, abogados en ejercicio u otras personas que tengan un permiso especial para ingresar al país, cometer este delito se consideraría grave.
La pena prevista se incrementaría en un tercio si se descubre que alguien ha introducido dichos dispositivos electrónicos en las celdas de centros penitenciarios cerrados o si el responsable es un funcionario.
Esta medida surge de una sentencia de la Sala Constitucional del 20 de junio de 2001, que estipula que en casos represivos se debe garantizar la intervención del legislativo y la delimitación de los derechos legales de los ciudadanos, definiendo así las acciones concretas que deben seguir. .
Respecto a la facultad de los legisladores para establecer normas penales, la Sala Constitucional dijo que corresponde a la Asamblea Legislativa definir qué conductas deben ser consideradas delitos y sancionadas como tales, así como establecer obligaciones jurídicas que deben ser tomadas en cuenta en el marco legislativo penal. Es una decisión de carácter político que corresponde al legislador.
La aprobación de este proyecto de ley requiere el voto unánime de los legisladores presentes. Además, al tratarse de una iniciativa que debe ser consultada con la Corte Suprema, es importante considerar que en caso de oposición por parte de este órgano será necesario obtener la aprobación plena de los votos emitidos.
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