En el mes de febrero, el mandatario obtuvo un segundo mandato, a pesar de que la Carta Magna no permite la reelección consecutiva. Su partido posee una mayoría significativa en el Congreso, base sobre la cual desarrolló cambios que posibilitaron su candidatura y agilizan la aprobación de leyes con escasas restricciones.
Extensión del régimen de excepción
A partir de marzo de 2022, se instauró un estado de emergencia que suprime derechos esenciales, abarcando el proceso debido y limitaciones a las libertades civiles. Inicialmente diseñado como una medida temporal ante el incremento de asesinatos relacionados con pandillas, el estado ha sido extendido más de 30 veces con el respaldo del poder legislativo.
Este método ha facilitado la realización de más de 85,000 arrestos arbitrarios, con grupos mixtos de seguridad operando a gran escala. El número incluye a menores arrestados por supuesta conexión con el crimen organizado, una situación que recibe críticas por exponerlos a procedimientos inadecuados y sanciones.
Violaciones documentadas y críticas internacionales
Grupos defensores de los derechos humanos han señalado estas acciones como infracciones sistemáticas: detenciones sin justificación, maltratos, torturas, despidos injustificados y serias deficiencias en el sistema judicial hrw.org. Reportes indican que menores de edad están siendo llevados a prisiones comunes para adultos, a pesar de los criterios internacionales que lo prohíben. Al menos 368 individuos han fallecido en dichos lugares durante este tiempo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que si bien el marco constitucional permite la suspensión de garantías ante situaciones de emergencia, dicha acción debe ser temporal y proporcional. En esta situación se ha transformado en una práctica abusiva e indefinida, con graves repercusiones políticas y sociales.
Gran infraestructura carcelaria y hacinamiento
Para dar soporte al régimen, se construyó el polémico CECOT, una instalación penitenciaria con capacidad para más de 40,000 reclusos, pero que opera en condiciones inhumanas: alto hacinamiento y régimen carcelario estricto. Esta mega-cárcel ha sido definida como un “agujero negro” de derechos humanos donde se priva de recreación y visitas, y se imponen castigos severos sin supervisión real.
Los centros penales del país han colapsado: la población reclusa supera ya los 94,000, mientras que la capacidad apenas alcanza entre 30,000 y 70,000 con la nueva infraestructura amnesty.org+4es.wikipedia.org+4theguardian.com+4. En un sistema severamente saturado, es frecuente las detenciones masivas, decisiones judiciales automáticas y condiciones críticas que ponen en riesgo la integridad física de los internos .
Respaldo ciudadano y desafío democrático
Aunque el sacrificio de libertades es significativo, el régimen sigue gozando de un alto nivel de aceptación. Las autoridades sostienen que la decisión pone la seguridad pública en primer lugar, y una buena porción del pueblo apoya esta postura debido a la notable caída en las tasas de asesinatos.
Sin embargo, organismos internacionales y agentes jurídicos han advertido de que este modelo autoritario, validado por el poder legislativo consolidado por el Ejecutivo, representa una erosión de los frenos institucionales y el respeto al Estado de derecho .
Inquietud por niños y repatriados
Ha surgido una crítica intensa acerca del traslado de menores a prisiones para adultos, lo que infringe derechos esenciales y pone en riesgo las infraestructuras diseñadas para situaciones particulares.
Además, Human Rights Watch describe las expulsiones desde Estados Unidos como «desapariciones forzadas» cuando las personas retornadas son detenidas sin un proceso adecuado o cargos válidos.
Balance final: ¿seguridad a costa de los derechos?
Los resultados en materia de seguridad son innegables: El Salvador registra varios años con cifras históricas bajas de homicidios y en 2024 cerró con una tasa de 1.9 por cada 100,000 habitantes.
No obstante, el enfoque ha afectado derechos esenciales y ha erosionado significativamente instituciones como la Fiscalía y la Corte Suprema, las cuales ahora están completamente bajo el control del Ejecutivo elpais.com.
El desafío es complejo: ¿es justificable poner en riesgo las garantías constitucionales, las libertades civiles y los derechos humanos en favor de una seguridad que se presume superior? El porvenir presenta obstáculos: la consolidación de este sistema y su continuidad más allá del estado de excepción.
