En Colombia, la legislación sobre Utilidad Pública, creada para proporcionar beneficios de excarcelación a mujeres encarceladas por delitos menores, como el tráfico de drogas a pequeña escala, ha sido elogiada como un avance hacia la justicia social. No obstante, para muchas de las personas beneficiadas, salir de la cárcel no representa una auténtica liberación. Los desafíos económicos, sociales y legales que encuentran al reincorporarse a la sociedad demuestran que la excarcelación, aunque imprescindible, es solo el comienzo de un extenso y difícil recorrido hacia la reintegración.
En Colombia, la Ley de Utilidad Pública, diseñada para otorgar beneficios de excarcelación a mujeres encarceladas por delitos menores como el tráfico de drogas en pequeña escala, ha sido aplaudida como un paso hacia la justicia social. Sin embargo, para muchas de las beneficiarias, salir de prisión no implica una verdadera libertad. Los obstáculos económicos, sociales y legales que enfrentan al recuperar su lugar en la sociedad evidencian que la excarcelación, aunque necesaria, es solo el inicio de un largo y arduo camino hacia la reintegración.
La Ley de Utilidad Pública se puso en marcha con la finalidad de disminuir el hacinamiento en las cárceles y brindar una alternativa a aquellas mujeres que, en su mayoría, quedaron atrapadas en el microtráfico debido a la pobreza y la carencia de oportunidades. Numerosas de estas mujeres cumplen penas desproporcionadas en comparación con los actores más importantes del narcotráfico, quienes frecuentemente logran eludir la justicia gracias a su poder económico y a la corrupción.
Aunque la ley supone un progreso al permitir que las beneficiarias obtengan su libertad antes de cumplir toda su sentencia, las restricciones prácticas de este beneficio son claras. Al salir de prisión, estas mujeres se enfrentan a un entorno adverso: la carencia de apoyo gubernamental, la discriminación social, las dificultades para acceder a empleos formales y el estigma relacionado con su historial delictivo.
Estigma y discriminación: la carga de un historial penal
Para las mujeres que han sido liberadas de prisión, el proceso de reintegrarse en la sociedad está caracterizado por el rechazo que sufren en sus comunidades y los prejuicios que las persiguen. Aunque han cumplido su sentencia o han sido beneficiarias de la ley, son miradas con escepticismo y etiquetadas como delincuentes reincidentes, sin considerar las circunstancias que las llevaron a cometer el crimen.
Este estigma no solo impacta sus relaciones personales, sino también su capacidad para integrarse en el mercado laboral. La mayoría de ellas carecen de educación formal y formación técnica, lo que restringe sus oportunidades de empleo. Asimismo, los antecedentes judiciales complican aún más la búsqueda de un trabajo formal, empujándolas nuevamente hacia empleos informales o actividades ilícitas como su única forma de sustento.
Este estigma no solo afecta sus relaciones interpersonales, sino también su capacidad para acceder al mercado laboral. La mayoría de ellas carecen de educación formal y entrenamiento técnico, lo que limita sus oportunidades laborales. Además, los antecedentes judiciales dificultan aún más la posibilidad de encontrar un empleo formal, empujándolas una vez más hacia trabajos informales o actividades ilícitas como única forma de subsistencia.
Carencia de programas de apoyo y políticas públicas
Falta de programas de apoyo y políticas públicas
Uno de los principales problemas que enfrentan las beneficiarias de la Ley de Utilidad Pública es la ausencia de programas efectivos de reintegración. Aunque la ley contempla ciertos beneficios para facilitar su transición, en la práctica estos son insuficientes o inexistentes.
Además, los programas de acompañamiento familiar y comunitario son casi inexistentes. Esto deja a muchas de las mujeres que salen de prisión en una situación de aislamiento, incrementando el riesgo de reincidencia y perpetuando el ciclo de pobreza y exclusión social que las condujo al delito inicialmente.
La urgencia de un enfoque integral
La necesidad de un enfoque integral
La Ley de Utilidad Pública, aunque bien intencionada, demuestra que la excarcelación no es suficiente para garantizar una verdadera reintegración social. Para que estas mujeres puedan reconstruir sus vidas, es necesario adoptar un enfoque integral que aborde las raíces del problema.
Esto incluye la implementación de políticas públicas que ofrezcan apoyo educativo, psicológico y laboral a las beneficiarias, así como campañas de sensibilización para combatir el estigma y la discriminación. Además, se requiere una mayor coordinación entre las instituciones del Estado y las organizaciones de la sociedad civil para garantizar que las excarceladas tengan acceso a recursos y oportunidades que les permitan romper con el ciclo de exclusión.
