Laura Sarabia, una de las personas más cercanas al mandatario colombiano Gustavo Petro, decidió dejar su puesto como ministra de Relaciones Exteriores después de una carrera política corta pero intensa, durante la cual desempeñó cuatro roles estratégicos en el gobierno actual. Su renuncia al Ministerio fue el resultado de múltiples desavenencias con la Casa de Nariño y después de varios eventos que suscitaron significativa controversia pública y provocaron tensiones internas en el Ejecutivo.
Sarabia, politóloga de 31 años y nacida en Bogotá en el seno de una familia de clase media, se convirtió en la canciller más joven en la historia del país. Su renuncia fue oficializada mediante una carta publicada en redes sociales, donde expresó su desacuerdo con algunas decisiones recientes de la administración y dejó entrever un distanciamiento progresivo con el presidente.
La exministra señaló que en los últimos días se adoptaron medidas con las que no se sentía identificada, lo que motivó su renuncia por «coherencia personal y respeto institucional». Una de las diferencias más visibles fue la controversia en torno al proceso de expedición de pasaportes, que a partir de septiembre pasará a ser manejado por una entidad pública colombiana en alianza con un socio internacional, decisión que Sarabia consideraba riesgosa por la falta de preparación técnica del nuevo modelo.
Antes de su llegada a la Cancillería, Sarabia desempeñó múltiples posiciones de gran responsabilidad. Ocupó el cargo de jefa del Gabinete Presidencial, dirigió el Departamento Administrativo de la Presidencia y tuvo a su cargo el Departamento de Prosperidad Social. Su carrera dentro del gobierno avanzó rápidamente, desde asesora de un senador hasta una figura central en el Ejecutivo. Durante la campaña electoral, se consideró un elemento clave en la estrategia de Petro, quien ha alabado su disciplina, habilidades organizativas y lealtad públicamente.
Sin embargo, su paso por la administración no estuvo exento de polémicas. El episodio más grave fue conocido como el “niñeragate”, un escándalo que estalló tras revelaciones sobre la presunta aplicación de un polígrafo ilegal a la niñera de su hijo, dentro de la sede presidencial. Posteriormente, se supo que tanto esta trabajadora doméstica como otra empleada fueron objeto de interceptaciones telefónicas irregulares por parte de miembros de la Policía Nacional. Por estos hechos, dos agentes fueron condenados judicialmente.
El bochorno causó su primer retiro del gobierno, pero Sarabia volvió pronto en una diferente posición importante. En ese período, se divulgaron grabaciones de charlas con su exjefe político, quien ocupa actualmente el cargo de ministro del Interior, donde quedaban claras las tensiones y recriminaciones mutuas. Varios meses después, la exfuncionaria llevó una denuncia contra este ministro a la Fiscalía por maltratos verbales y de género, agravando aún más la división interna.
Su participación en el gabinete fue objeto de críticas por algunas partes, no solo debido a los escándalos, sino también por su modo de liderazgo, que algunos colegas vieron como centralizador y poco inclusivo. Altas funcionarias del gobierno expresaron abiertamente discrepancias con su manera de manejar el poder, acusándola incluso de impedir que otros miembros del Ejecutivo tuvieran acceso al presidente.
La llegada de Sarabia al Ministerio de Relaciones Exteriores se interpretó como un intento del presidente por otorgarle una función con mayor visibilidad internacional, pero que la alejara de la gestión interna directa. Durante su breve gestión, impulsó relaciones bilaterales, promovió encuentros diplomáticos de alto nivel y participó en foros multilaterales. Sin embargo, su paso fue fugaz: apenas cinco meses después de asumir el cargo, decidió dar un paso al costado.
A pesar de las controversias que rodearon su figura, Sarabia mostró una habilidad única para ocupar posiciones de autoridad en un entorno político extremadamente inestable. Su futuro en la política es incierto, aunque los analistas la consideran como una figura que podría regresar al panorama nacional, ya sea en el Ejecutivo o desde otra posición influyente.
Su dimisión señala el cierre de una etapa y amplifica la discusión en torno a la dirección interna del gobierno, la influencia de las decisiones personales en la administración pública y los confines de la lealtad en el ejercicio del poder. En un entorno de creciente tensión dentro del oficialismo, la partida de una de las colaboradoras más allegadas al presidente revela las divisiones internas y las dificultades para preservar la unidad en el equipo gubernamental.
