El Parlamento de Guatemala no logró seleccionar a los directores principales y suplentes que formarán parte del directorio de la próxima Superintendencia de Competencia, una entidad esencial para fomentar la competencia justa y evitar prácticas monopólicas en la nación. Aunque el tema estaba en el orden del día legislativo y se esperaba progresar en la elección de las autoridades, la reunión se terminó sin alcanzar consenso alguno.
Con esta nueva prórroga, se acumulan ya numerosos intentos fallidos por parte del Legislativo para satisfacer este requisito legal, lo cual ha generado inquietud entre grupos económicos y sociales que exigen transparencia, rapidez y responsabilidad institucional en el procedimiento.
El Parlamento posee la responsabilidad de seleccionar a los cinco integrantes del directorio —tres principales y dos alternos— de un conjunto de candidatos previamente examinados y presentados por la Comisión de Postulación. Esta comisión realizó un proceso de selección que abarcó el análisis de currículums, entrevistas y evaluación de impugnaciones. La lista final está compuesta por candidatos con experiencia técnica en economía, derecho y gestión pública.
No obstante, las divisiones entre los diferentes grupos políticos han obstaculizado el progreso de la votación. En la última sesión, varios parlamentarios se retiraron del pleno antes de comenzar con el debate del asunto, lo cual resultó en la falta del quórum necesario para proceder con la elección.
La fundación de la Superintendencia de Competencia fue aprobada en 2022 como parte de una reforma diseñada para fortalecer el marco institucional económico del país y cumplir con compromisos internacionales, incluyendo requisitos para acceder a algunos tratados comerciales. Este organismo tendrá como funciones principales investigar y penalizar conductas anticompetitivas, supervisar los mercados y fomentar condiciones justas para los diversos participantes económicos.
Sin embargo, la ausencia de nombramiento de su junta directiva ha evitado que la organización pueda comenzar a operar. En el ínterin, se acumulan quejas sobre posibles abusos de poder en áreas estratégicas, lo que hace aún más urgente que la Superintendencia comience su actividad.
Diversas entidades del sector privado y grupos de la sociedad civil han expresado su preocupación debido a la paralización del proceso. Ellos creen que esta circunstancia no solo obstaculiza el uso de un instrumento crucial para incrementar la competitividad, sino que también proyecta mensajes negativos hacia los inversionistas y afecta la solidez de la institucionalidad democrática.
Varios legisladores han expresado su interés en proseguir con las conversaciones para lograr consensos en la siguiente sesión plenaria. No obstante, diversos grupos señalan que hay intereses políticos que intentan poner trabas a la elección, ya sea por desacuerdos sobre los perfiles sugeridos o por cálculos estratégicos asociados a cuotas de poder.
La normativa señala que el Congreso está obligado a seleccionar a los miembros del directorio con una mayoría calificada, lo que requiere un amplio consenso entre las distintas fuerzas presentes en el hemiciclo. En los intentos previos, la constante ha sido la insuficiencia de votos, a pesar de que la lista de aspirantes ha estado accesible durante varios meses.
A medida que se prolonga la demora, se incrementan las presiones tanto nacionales como internacionales para que el Legislativo cumpla con su deber constitucional y permita que la Superintendencia de Competencia comience a operar.
El país sigue sin contar con una entidad independiente que se encargue de garantizar un entorno económico equitativo, lo que deja desprotegidos a consumidores y pequeños negocios frente a posibles conductas abusivas por parte de grandes empresas. Esta realidad refleja las barreras estructurales del sistema político en Guatemala para hacer elecciones importantes, incluso sobre asuntos de interés común que podrían favorecer considerablemente el crecimiento económico.
El desafío actual para los diputados es retomar el impulso legislativo y mostrar su dedicación hacia la renovación institucional. Elegir el directorio no solo implicaría cumplir con una obligación legal, sino también avanzar hacia un sistema económico más justo y claro.
