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El escenario del diálogo social en España se encuentra en un punto relacionado con la decisión del Gobierno de incrementar la participación de las organizaciones empresariales en estas conversaciones. Bajo las actuales denominaciones CEOE y Cepyme se resume Conpymes, grupo al que pertenecen las emblemáticas catalanas Pimec. Este movimiento ha provocado tensiones entre las organizaciones empresariales, impulsando la búsqueda de representantes de los intereses de los empresarios. Sin restricción alguna, sólo el 23,3% de las empresas están asociadas a alguno de estos términos.
Últimamente ha aumentado la tensión entre el gobierno y los representantes empresariales en la Mediahuis, especialmente por la tarde, por la propuesta de acortar la semana laboral de 40 a 37 semanas. Estos medios fueron bloqueados por PSOE y Sumar, generando una fuerte convocatoria sin contactar con los agentes sociales.
El conflicto alcanzó un punto crítico durante la Asamblea General de Cepyme, donde su presidente, Gerardo Cuerva, criticó la ‘intervención’ del gobierno. También se rechazó la intención de limitar la influencia de los clientes en el comercio cerrando las puertas a las organizaciones emergentes. El Gobierno, por su parte, ha defendido la inclusión de Conpymes y Pimec en los organismos del Consejo Económico y Social (CES), pero aún no ha detallado cómo se lleva a cabo esa representación.
El problema subyacente es la deficiencia de un sistema que apunta a apoyar la representación corporativa en el comercio institucional, algo que ya existe para los indicadores. Actualmente, existe un estatuto empresarial que exige que las organizaciones representen al menos el 10% de las empresas y empresarios a nivel nacional o el 15% a nivel autonómico para poder participar en las negociaciones de los convenios colectivos sectoriales.
Este error de brillo también se refleja en la representación de las pequeñas y medianas empresas (picos). Según la encuesta anual del Ministerio de Trabajo y Economía Social, sólo el 17,8% de las empresas cuyos 5 y 9 empleados están afiliadas a alguna organización empresarial, cifra que se eleva al 26,3% de las empresas de hasta 49 empleados. Este bajo nivel de afiliación se explica en parte por la alta fragmentación del tejido empresarial español, donde el 92% de las empresas tienen menos de 50 empleados.
La representatividad también era importante para el sector y la región. En el sector hotelero y de la construcción, el 18,7% y el 22,9% de las empresas respectivamente están afiliadas a alguna organización. En logística e industria, por el contrario, las cifras se sitúan entre el 31,9% y el 29,7%. Territorialmente, La Rioja tiene el mayor porcentaje de empresas filiales (38,7%), seguida del País Vasco (33,7%) y Aragón (33,2%), mientras que Andalucía y Madrid tienen los porcentajes más bajos, con el 15,1% y el 18,2% respectivamente.
Ante estas expectativas, el 76% de las empresas miembro cree que su organización representa sus intereses, pero este porcentaje varía según el tamaño de la empresa. En las pequeñas empresas esta percepción es del 73,2%, mientras que en las de mayor tamaño es del 87%.
En este contexto, la «guerra» entre organizaciones empresariales se centra en la representación de quienes detentan el poder. Conpymes, respaldada por el diario catalán Pimec, criticó al diario Cepyme como un ‘satélite’ de la CEOE. Esta rivalidad refleja las diferencias entre grandes y pequeñas empresas, a través de las cuales experimentan influencia y representación en las negociaciones con el gobierno.
La polémica también tuvo un componente político, con Cepyme y Foment del Treball acusando al Gobierno de ampliar la representación como una concesión a partidos independientes como Junts y ERC.
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