La relación bilateral entre Estados Unidos y El Salvador ha entrado en un terreno delicado, luego de que crecieran las críticas sobre los efectos que ciertos acuerdos entre ambos gobiernos podrían tener en la lucha contra el crimen organizado, en particular contra la Mara Salvatrucha (MS-13). Aunque desde la administración estadounidense se ha reiterado el compromiso con el desmantelamiento de pandillas, recientes revelaciones y decisiones políticas apuntan a una posible contradicción entre los discursos oficiales y la realidad operativa en el terreno.
Durante su tiempo en la presidencia, el exmandatario de EE.UU., Donald Trump, promovió una política estricta contra las pandillas de Centroamérica. Una pieza fundamental de dicha estrategia fue la colaboración cercana con las autoridades de El Salvador para arrestar y extraditar a integrantes de la MS-13, vistos por Washington como un peligro para la seguridad del país. Estas iniciativas abarcaron operaciones conjuntas, intercambio de inteligencia y procedimientos legales contra líderes importantes de la agrupación.
Sin embargo, a lo largo del tiempo, las cambiantes dinámicas políticas entre las dos naciones han generado incertidumbre sobre la permanencia real de esa cooperación. Varios expertos destacan que, desde una perspectiva de pragmatismo geopolítico, Washington ha decidido dar prioridad a la estabilidad en temas migratorios y a la colaboración en la región, sobre la presión hacia ciertos regímenes, incluso cuando esto signifique adoptar posturas más flexibles frente a situaciones que antes habrían sido fuertemente criticadas.
En este escenario, la importancia del liderazgo de Nayib Bukele en El Salvador ha aumentado considerablemente. Su administración ha sido reconocida por la significativa disminución de los niveles de homicidios y violencia en el país, en parte por implementar una política estricta que contempla un régimen de excepción y la detención masiva de sospechosos de pandillas. No obstante, también ha enfrentado críticas por supuestas negociaciones con grupos criminales, que podrían haber sido permitidas o encubiertas a cambio de ventajas políticas o una reducción de la violencia.
Documentos judiciales y reportes de inteligencia han sugerido que líderes de la MS-13 habrían mantenido contactos con autoridades gubernamentales en el pasado reciente, lo que ha generado preocupación sobre un posible debilitamiento de los esfuerzos internacionales para procesar penalmente a los cabecillas de estas organizaciones en tribunales estadounidenses. La falta de extradiciones de alto perfil en los últimos meses ha reavivado estas sospechas.
Organismos defensores de derechos humanos y expertos en crimen transnacional han alertado sobre los riesgos de basar las políticas de seguridad en acuerdos informales o pactos de impunidad. Argumentan que, aunque la reducción de la violencia es bienvenida, un enfoque que prioriza resultados inmediatos por encima del Estado de derecho puede terminar fortaleciendo a las mismas estructuras criminales a largo plazo.
En Estados Unidos, miembros del Congreso y fiscales federales han expresado su preocupación por la aparente disminución en el flujo de colaboración con El Salvador respecto a casos clave. Algunos señalan que esto podría obstaculizar procesos judiciales abiertos en cortes estadounidenses, donde se busca enjuiciar a líderes de la MS-13 por delitos cometidos tanto en Centroamérica como en territorio estadounidense.
Mientras tanto, la administración de la Casa Blanca ha adoptado una posición indefinida. Aunque se valora la efectividad del gobierno de El Salvador en la lucha contra la violencia, han surgido dudas sobre el respeto a los derechos humanos fundamentales y la utilización del sistema gubernamental con fines políticos. Esta situación de ambivalencia ha causado fricciones dentro del sistema diplomático, en el que varios organismos mantienen perspectivas diferentes sobre la táctica regional.
Según especialistas, la lucha contra el crimen organizado en Centroamérica implica no solo medidas punitivas, sino también transparencia, colaboración internacional eficiente y un compromiso constante con la justicia. Cualquier señal de acuerdo con delincuentes erosiona la legitimidad del Estado y amenaza la seguridad tanto regional como transnacional.
La evolución de la relación entre Estados Unidos y El Salvador, y su impacto en la lucha contra las pandillas, seguirá siendo un tema de alta sensibilidad política. Por ahora, la percepción de que intereses estratégicos están condicionando la aplicación rigurosa de la ley ha encendido las alertas de quienes insisten en que la verdadera seguridad no puede lograrse a costa de la justicia.
