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En Ecuador, las ciudades amazónicas están siendo golpeadas por la demanda de llamas de gas por parte de la industria petrolera, lo que ha creado problemas tanto de salud como ambientales. Amnistía Internacional (AI) y activistas locales han advertido sobre la incapacidad del Estado para deshacerse de cientos de antorchas desechadas, un tema destacado en la Asamblea General.
En julio de 2021, un tribunal de la provincia amazónica de Sucumbíos falló a favor de un grupo de niños amazónicos que solicitaron medidas de protección para detener el funcionamiento de máquinas que afectaban negativamente la salud y el medio ambiente. Este fallo enfatizó la importancia de respetar los derechos de la naturaleza reconocidos en la Constitución ecuatoriana desde 2008, y dispuso la eliminación gradual de estas prácticas hasta 2030, así como la implementación de medidas reparadoras inmediatas.
Sin embargo, según AI, la industria petrolera ecuatoriana ha pretendido cumplir con estas disposiciones legales sin lograr mejoras significativas para las comunidades locales y el ecosistema amazónico. A pesar de las afirmaciones del ex Ministro de Energía de que parte de la maquinaria ha sido retirada y desmantelada, los informes indican que algunas antorchas retiradas han sido reemplazadas por otras que funcionan a nivel del suelo, lo que continúa contribuyendo a la contaminación.
La investigadora de IA Alicia Moncada expuso esta operación engañosa y criticó al Estado por no cumplir con sus obligaciones internacionales de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La quema de gas en máquinas petroleras no sólo contamina el medio ambiente local sino que también contribuye al calentamiento global, lo que va en contra de los esfuerzos globales para combatir el cambio climático.
Amnistía Internacional, a través de su directora para las Américas, Ana Piquer, ha instado al Estado ecuatoriano a poner fin a la quema rutinaria de gas en máquinas petroleras, que está poniendo en peligro la Amazonía, el planeta y el futuro de las generaciones futuras. Activistas climáticos locales, como Jamileth Jurado, han compartido impactantes testimonios sobre la contaminación y su impacto en la salud de las comunidades cercanas a las plataformas petroleras.
En este escenario, es esencial que se tomen medidas urgentes para abordar los impactos negativos de la industria petrolera en las ciudades amazónicas del Ecuador. La protección del medio ambiente, la salud de las comunidades locales y el respeto de los derechos naturales deben ser prioridades para el Estado y las empresas involucradas en esta problemática.
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