España figura entre los destinos turísticos más destacados del planeta, ya que antes de la pandemia el sector representaba cerca del 12% del producto interior bruto y en 2019 el país acogió a más de 80 millones de viajeros internacionales. Asimismo, España dispone de casi 50 enclaves reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), además de una amplia red de reservas de biosfera y espacios naturales protegidos. Ese legado cultural y ambiental aporta una notable ventaja competitiva, aunque también genera desafíos vinculados a la presión turística, la desaparición de prácticas tradicionales y la fragmentación del territorio. La responsabilidad social empresarial (RSE) se ha transformado en un elemento clave para armonizar la actividad turística con la preservación de los paisajes culturales.
Principios de RSE aplicados al turismo y a los paisajes culturales
- Participación de las partes interesadas: interacción con comunidades locales, responsables del patrimonio, autoridades y visitantes para acordar usos sostenibles.
- Gestión ambiental: disminución de emisiones, optimización del consumo energético, tratamiento adecuado de residuos, resguardo de suelos y recursos hídricos, junto con la recuperación de ecosistemas culturales.
- Cuidado del patrimonio material e inmaterial: conservación de estructuras arquitectónicas, impulso a oficios tradicionales y resguardo de expresiones culturales asociadas al entorno.
- Accesibilidad e inclusión: asegurar que las personas con discapacidad accedan a los bienes culturales y fomentar un turismo equitativo para toda la sociedad.
- Certificaciones y transparencia: implementación de sistemas de gestión ambiental (como ISO 14001, EMAS), acreditaciones de calidad turística y divulgación clara de metas y logros.
Casos empresariales y colaboraciones destacadas
Paradores de Turismo: la red pública de paradores ha tenido tradicionalmente la misión de recuperar edificios emblemáticos como monasterios, palacios o fortalezas y destinarlos a usos turísticos para asegurar su preservación; estas instalaciones integran la restauración arquitectónica, impulsan la gastronomía regional y generan recursos económicos que contribuyen al mantenimiento del patrimonio.
Cadenas hoteleras con compromiso de conservación: diversas empresas hoteleras del país impulsan iniciativas para disminuir su impacto ambiental, optimizar el consumo de energía y perfeccionar el manejo del agua, al tiempo que preservan y rehabilitan inmuebles históricos convertidos en alojamientos. Estas acciones se acompañan de compras responsables a proveedores locales con el fin de fortalecer las economías de la región.
Programas de accesibilidad y turismo social (Fundación ONCE y empresas colaboradoras): iniciativas para adaptar entornos y recursos culturales, permitiendo la visita de personas con diversidad funcional y ampliando la oferta cultural inclusiva en destinos patrimoniales.
Vías Verdes y Fundación de los Ferrocarriles Españoles: reconversión de trazados ferroviarios en desuso en itinerarios peatonales y ciclistas que fomentan el turismo de naturaleza, revitalizan pueblos rurales y preservan corredores paisajísticos e históricos.
Empresas turísticas en redes de reservas de biosfera y parques naturales: operadores, alojamientos y restaurantes que se integran en planes de gestión de reservas de biosfera y parques, aplicando buenas prácticas de baja intensidad ambiental y fortaleciendo actividades tradicionales (agricultura extensiva, pastoril) que conforman paisajes culturales.
Fundaciones y mecenazgo cultural: entidades privadas y bancarias (por ejemplo fundaciones vinculadas a grandes empresas) que financian restauración, investigación y difusión de patrimonio, y que articulan proyectos de turismo cultural sostenible en colaboración con administraciones.
Iniciativas públicas con participación empresarial
Programas de destinos turísticos sostenibles: convocatorias públicas que aportan financiación conjunta a iniciativas orientadas a optimizar la movilidad, reforzar el manejo de residuos, regular la capacidad de carga y avanzar en la digitalización de los destinos con mayor afluencia. Gran parte de estas intervenciones se impulsa mediante alianzas público-privadas y con la participación activa de empresas locales.
Sistemas de calidad en destino (SICTED): iniciativa de mejora constante que reúne a negocios y servicios turísticos con el fin de potenciar la calidad y la sostenibilidad de la oferta, incorporando indicadores prácticos adaptados a espacios patrimoniales.
Gestión de grandes bienes culturales: modelos de conservación que combinan financiación pública, concesiones controladas y participación empresarial para asegurar mantenimiento técnico, accesibilidad y experiencias interpretativas respetuosas con el valor histórico.
Casos específicos que evidencian su impacto
Rehabilitación y valorización a través del uso turístico: inmuebles patrimoniales adaptados como hospedajes o espacios culturales, donde la explotación rentable posibilita canalizar recursos hacia su preservación permanente, impulsa la creación de trabajo local y sostiene las dinámicas económicas tradicionales.
Desarrollo de rutas temáticas: circuitos enológicos, trayectos de trashumancia, recorridos culturales y corredores verdes que reparten el flujo turístico por el territorio, amplían la oferta y favorecen estancias más prolongadas en áreas rurales.
Disminución de la presión en áreas sensibles: acciones dirigidas a reforzar infraestructuras de movilidad sostenible, optimizar la gestión de visitantes y avanzar en la digitalización de accesos, con el fin de regular los flujos en periodos críticos y proteger el paisaje.
Fortalecimiento de oficios tradicionales: proyectos que integran a artesanos, productores locales y guías culturales para ofrecer experiencias auténticas, contribuyendo a la continuidad de técnicas y al mantenimiento del paisaje productivo.
Información y evidencias perceptibles
Antes de la pandemia, el turismo representaba una fracción notable del empleo y del PIB nacional, y esa relevancia vuelve imprescindible encaminar la actividad hacia enfoques sostenibles que impidan el deterioro del patrimonio que sostiene la oferta.
La adopción de sistemas de gestión ambiental y certificaciones técnicas en alojamientos turísticos ha evidenciado disminuciones en el uso de energía y en la generación de desechos, además de elevar la percepción del visitante respecto a la calidad y el compromiso responsable.
Las iniciativas que combinan conservación y uso (rehabilitación para alojamiento, rutas culturales, iniciativas de mecenazgo) tienden a generar ingresos estables destinados al mantenimiento y a crear empleo local en zonas de baja densidad.
Lecciones aprendidas y retos pendientes
Visión de largo plazo: la conservación efectiva requiere planificación plurianual y mecanismos financieros estables; la RSE debe alinearse con políticas públicas y no limitarse a acciones puntuales de comunicación.
Equilibrio entre conservación y accesibilidad: promover experiencias inclusivas sin comprometer la integridad física y cultural de los bienes representa un reto que requiere controlar aforos, capacitar al personal y aplicar tecnologías de seguimiento.
Distribución territorial de beneficios: las empresas han de incorporar cadenas de suministro locales y respaldar proyectos comunitarios para impedir que las ganancias se acumulen en un número reducido de actores.
Medición y transparencia: impulsar la definición de indicadores precisos sobre impacto social, económico y ambiental facilita valorar la eficacia de la RSE y afinar sus estrategias.
La experiencia española evidencia que aplicar la RSE al ámbito turístico y a la protección de los paisajes culturales puede convertir la presión turística, inicialmente percibida como un riesgo, en una ocasión para fortalecer la conservación, dinamizar la economía y afianzar la cohesión social. Los ejemplos de rehabilitación orientada al turismo, la transformación de antiguas infraestructuras en rutas para caminar, las certificaciones de calidad y las colaboraciones entre el sector público y el privado ponen de relieve que dedicar recursos al patrimonio equivale a impulsar una competitividad sostenible. El reto consiste en ampliar estas prácticas ejemplares de forma justa y responsable, asegurando que la gestión
